ISSN 0798 1015

Vol. 40 (Nº 6) Año 2019. Pág. 13

Percepción de la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar en Boyacá, Colombia

Perception of the effectiveness of the Public Policy of School Coexistence in Boyacá, Colombia

RODRÍGUEZ-BURGOS, Karla 1; MORCOTE GONZÁLEZ, Olga S. 2; MARTÍNEZ CÁRDENAS, Alán A. 3

Recibido: 05/09/2018 • Aprobado: 26/01/2019 • Publicado 18/02/2019

Contenido

1. Introducción

2. Cuestionarios aplicados a alumnos de educación

3. Resultados

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

1. Introducción

¿Por qué si en el discurso y en la práctica de lo público nos quejamos de falta de una política, a la hora de actuar recurrimos al mundo jurídico y administrativo para solucionar los problemas sociales y no buscamos la construcción o por lo menos el fortalecimiento de políticas públicas que trasciendan las emergencias y propicien cambios más duraderos en el tiempo? (Torres-Melo y Santander, 2013).

Es natural que en la sociedad se presenten problemáticas, donde se suele desdibujar la función del Estado por la ineficacia de las Políticas Públicas existentes, la ausencia de ellas o la falta de seguimiento y evaluación a las mismas. En algunas ocasiones para subsanar estas críticas se expide un cúmulo de normas y políticas públicas con el propósito de solucionar y promover la prosperidad general como forma de materializar los fines del Estado, consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia.

En este sentido, fenómenos como la violencia escolar, hacen parte de esta problemática que se refleja socialmente en los aparatos ideológicos del Estado como la familia, la comunidad y la sociedad. Siendo este un tema relevante que aparece en las agendas públicas internacionales.  Autores como Tella (citada por Ayala Carrillo, 2015), definen este flagelo como la descomposición de la sociedad, en el marco de un estado de derecho débil, una estructura socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la población y una ruptura del tejido social que desencadena la lucha por espacios alternos de sobrevivencia y reorganización sociopolítica. Por otro lado, Toro Soriano (como se citó en Zabala, 2002) piensa que la violencia se conceptualiza como un conjunto de manifestaciones del comportamiento de un grupo de alumnos que no hace sino perturbar la normal convivencia en los centros educativos.

En Colombia, a través de los medios periodísticos se ha informado del crecimiento de la violencia en las instituciones educativas y junto a otros factores de presión, el gobierno prestó atención a las comunidades académicas con el fin de prevenir las diferentes modalidades de violencia, aunque no tuvieran resultados del nivel, tipificación o formas de acoso escolar que hay en las instituciones educativas, por tanto se requiere conocer por medio de estudios para no solo detectar las situaciones problemáticas, sino con este conocimiento hacerle frente de manera adecuada e impedir su propagación (Congreso de la República de Colombia, 2012).

Con el fin de atender lo anterior, la Ministra de Educación de la época, el Gobierno Nacional y los Secretarios de Educación de las entidades territoriales certificadas del país presentaron al Congreso de la República, a través del Ministerio de Educación, una propuesta de Ley que contrarrestara la violencia escolar, aplicándose en Marzo de 2013 una política relacionada a la convivencia escolar, los derechos humanos y la formación de la ciudadanía conocida como Ley 1620 de 2013 (Congreso de la República de Colombia, 2013). El objetivo de esta ley fue descentralizar el sistema de convivencia escolar a nivel Municipal, Departamental y Nacional aplicando nuevas estrategias metodológicas que generaran cambios de todos los integrantes de la comunidad educativa en el ambiente escolar.    

Esta política pública se creó para ser aplicada en todas las Instituciones Educativas oficiales y no oficiales para contribuir a la formación del adolescente en relación a los derechos y deberes que tienen y que generen un ambiente de sana convivencia escolar, fortaleciendo el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes, haciendo necesario, después de la aprobación de la política, un proceso de seguimiento de las etapas de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de la política de convivencia escolar (Torres-Melo y Santander, 2013), sin embargo, no se han mostrado resultados de la implementación de la misma.  

El propósito de la Ley 1620 de 2013 fue brindar las herramientas necesarias en materia de prevención, protección y detección de casos de maltrato escolar, así como las vías adecuadas para su denuncia y tratamiento. De acuerdo al Congreso de la República (2013), la promulgación de la Ley y la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar obedeció a una problemática social debido a que se presentaron problemáticas de lesiones físicas, sicológicas e incluso llegando a casos de muerte de estudiantes, sin embargo no hay estadísticas que muestren los casos ni tipos de violencia en las escuelas de Colombia, solo se tienen conocimiento de los casos que llegaron a la corte.

El gobierno de Colombia ha hecho esfuerzos por implementar en todo el país la Política Pública de Convivencia Escolar en toda Colombia, sin embargo, no hay estadísticas o estudios que demuestren la efectividad o cambios en la violencia escolar en las Instituciones Educativas, siendo esta la principal razón de la pertinencia de este estudio donde se busca determinar la percepción de la efectividad de la Política Pública que tienen los estudiantes de secundaria en la ciudad de Tunja, debido a que ellos han vivido el proceso antes y después de la implementación de la Ley 1620 de 2013.

1.1. La Política Pública de Convivencia Escolar

La política pública se puede entender como el conjunto de sucesivas iniciativas, decisiones, y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas que buscan la resolución de estas o llevarlas a niveles manejables (Tassara, 2014). Por otro lado, según Pallares (1988) las Políticas Públicas deben ser consideradas como un proceso de decisiones, referente a un conjunto de acciones que se desarrollan a lo largo de un plazo de tiempo estipulado. Además, están relacionadas con el acceso de las personas a bienes y servicios.  Por tanto, una Política Pública como lo señala Almeida y Ortega (2008), traza una acción del Estado, orientada por los objetivos y las metas previamente acordadas por lo que es susceptible de verificación y evaluación.

El fin de toda política pública es contribuir al mejoramiento de la sociedad, en el caso del objeto de estudio de esta investigación es la comunidad educativa quien se beneficia con la implementación de esta ley. De acuerdo a Padilla, Serna y Gómez (2017) se espera que cada uno de los integrantes de la comunidad académica tenga un papel a nivel escolar: “ el niño como eje central del proceso, la familia como núcleo primario, los maestros responsables de la facilitación del conocimiento, los compañeros como parte del entorno, el personal administrativo en general como líderes y guías, todos agrupados finalmente dentro de la teoría del aprendizaje social que busca brindar todos los mecanismos y alternativas posibles para la solución de conflictos frecuentemente presentes en el aula mediante el ejercicio de principios y valores encaminados a la no violencia y la adecuada convivencia”

Uno de los factores que contribuyen a la legitimidad del Estado es la coherencia de las Políticas Públicas en relación con la coherencia y el cumplimiento de las necesidades para la que fue creada. Al respecto, Onetto (citado por Zapata y Ruíz, 2015) plantea que la violencia escolar es un desafío a la legitimidad del Estado por la frustración de las expectativas, porque la presencia de la violencia en la vida cotidiana es un obstáculo para conseguir cualquier versión de vida buena que promueve el Estado de Derecho.

Por otro lado, la convivencia escolar es un elemento fundamental en la educación, de esto se desprende la necesidad de crear espacios para fortalecerla por ser un factor esencial en la formación integral de la persona a través de valores como tolerancia y respeto (Rodríguez-Burgos e Hinojosa García, 2017). Según León (2007) este es un proceso humano y cultural complejo que para establecer el propósito y la definición es inevitable considerar la condición, naturaleza del hombre y de la cultura en su conjunto, ya que cada particularidad tiene sentido por su vinculación e interdependencia con las demás.  

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia, corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la formación moral, intelectual y física de los estudiantes; también establece que se debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo; éste lo  conforman la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller), y la educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2010).

En Colombia, desde 1994, se presentaron a través de la Ley 115, los parámetros generales para generar las políticas públicas de educación, elaborando un análisis de la situación de la educación generando actividades, iniciativas y acciones a realizar por parte de los entes públicos y privados, así como también los recursos, las formas de evaluación y seguimientos de acciones de cada aspecto de la Ley, formulando así políticas públicas educativas que permitan tener aulas de paz permeadas de una convivencia escolar.

Es así que a más de dos décadas, el gobierno colombiano decidió fortalecer la calidad del sistema educativo con la expedición de la Ley 1620 de 2013, mediante la formación de ciudadanos “con la creación del sistema nacional de convivencia escolar y la formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y  media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia” (Congreso de la República de Colombia, 2013).

Esta Ley debe ser implementada a nivel central, pero descentralizada en todas las instituciones educativas de Colombia. Específicamente en el caso del Municipio de Tunja, la ciudad cuenta con la Política Pública en educación congruente con la Ley de convivencia escolar, adoptada el 06 de abril de 2015, a través del Acuerdo 0006 expedido por el Concejo Municipal de la ciudad, denominado “Todos por la educación de calidad”, el cual hace referencia al conjunto de acciones estratégicas que llevarán a cabo las transformaciones de las condiciones sociales de desequilibrio, desigualdad e inequidad, que afectan la calidad de vida de diferentes sectores de la ciudad, con el fin de confrontar y erradicar en el Municipio de Tunja la problemática de deserción y mortalidad académica, reformular los Proyectos Educativos Institucionales, fortalecer la educación inicial, desarrollar un proceso participativo con el acompañamiento de los docentes y apoyar la integración de las TIC´S, indicando de manera visible el proceso de consecución de la calidad educativa, con aplicación de carácter urbano y rural, para las instituciones oficiales y no oficiales y de enfoque de derechos en donde se pretende promocionar ambientes escolares saludables (Concejo Municipal de Tunja, 2015).

1.2 Implementación y efectividad de la convivencia escolar en el marco de la Política Pública.

Para establecer el análisis de la implementación de una política se deben examinar planes de acción y procesos administrativos. Roth (2002) permite identificar factores de éxito o fracaso partiendo de la implementación como el conjunto de procesos que, tras la fase de programación, tienden a la realización concreta de los objetivos de una política pública y que por tanto se distingue de la fase de planeación en la que se programan cada una de las acciones.

De acuerdo a Campo (2013), la ley de convivencia responde a las necesidades de la comunidad educativa por erradicar la violencia en las aulas y permitir la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural que nos lleve a vivir en pazEn el intento de evidenciar la efectividad de las políticas públicas se ha demostrado a través de varios estudios de casos o de evaluaciones de impacto que algunas políticas aplicadas no tuvieron el efecto esperado y que aunque otras que sí obtuvieron buenos resultados se cancelaron por factores externos no relacionados con la política pública, como el caso de la corrupción. Por tanto queda evidente que debido al mal manejo de los recursos se hace necesario replantear las políticas sociales y encaminarlas con nuevo rumbo (Torres y Santander, 2013), esto es, a través de estudios aplicados se puede evidenciar los resultados y efectos de la implementación de cada política. 

En el caso de Colombia, no solo existen la Ley General de Educación (Congreso de la República de Colombia, 1994) sino también el Plan Nacional Decenal de Educación (Ministerio de Educación Nacional, 2016), que de fondo incorporan los aspectos relevantes de las Políticas Públicas educativas, los cuales describen internamente los procesos que tienden a la realización específica y concreta de objetivos, sin embargo, algunas de estas políticas carecen de indicadores medibles, ya que enuncian únicamente lineamientos, lo cual de cierta manera tienden a complicar la labor de establecer el éxito o el fracaso de las mismas.

Es así como la función principal del Comité Nacional de Convivencia inmerso en la Ley 1620 es generar un diagnóstico que permita diseñar políticas públicas en otros temas tales como los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. Aunado a la labor del Comité se encuentra la implementación del Sistema de Información Unificado, como herramienta que permita identificar y hacer seguimiento a los casos que afecten el entorno en todos los niveles, escolar, territorial y nacional.

Los organismos que integran el Comité Nacional de Convivencia son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Ministerio de las TIC, Ministerio de Cultura, Policía Nacional, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo, así como los representantes de las Facultades de Educación, Escuelas Normales Superiores, y rectores de colegios públicos y privados con los mejores resultados en las pruebas Saber 11, siendo las instituciones educativas quienes tienen la función de implementar esta política pública, consolidando un equipo de trabajo que propenda por el mejoramiento de la calidad de la educación a partir del ambiente escolar.

Para la aplicación del método cuantitativo se utilizó la técnica de la encuesta, que permite proporcionar los elementos para llevar adelante un análisis cuantitativo de los datos con el fin de identificar y conocer la magnitud de los problemas, que se supone solo se conocen en forma parcial (Rodríguez-Burgos, 2012).

2.1. Elaboración del cuestionario

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se construyó un cuestionario cerrado con la finalidad de medir las variables objeto de estudio. En el instrumento se establecieron preguntas tipificadas que permitieron recolectar datos orientados a indagar la opinión que los alumnos tienen sobre la efectividad de la política pública de convivencia escolar por medio de la percepción de la implementación de la política pública, la existencia de violencia en las Instituciones Educativas, la tolerancia a las conductas violentas y las consecuencias de esta violencia escolar.

Para la construcción inicial del cuestionario fueron tomados modelos de instrumentos aplicados en investigaciones como la realizada en la ciudad de Barranquilla-Colombia, referida a la caracterización del maltrato entre iguales en una muestra de Colegios de esa ciudad. (Hoyos, Aparicio y Córdoba, 2005), en este estudio se describe la incidencia de las diferentes manifestaciones del maltrato entre iguales. Los aspectos relevantes tomados de esa investigación fueron las preguntas relacionadas con la violencia, los comportamientos que originan violencia y la edad promedio de los alumnos.

En segundo lugar, se tomó como referente el cuestionario aplicado en la investigación llamada “Violencia en los colegios de Bogotá: contraste internacional y algunas recomendaciones” (Velásquez y Chaux, 2008), documento que formó parte del informe de “victimización escolar en Bogotá, prevalencia y factores asociados”, contratado por la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá y publicado por el periódico el  Espectador el 25 de marzo de 2008 (Cf. Rodríguez, 2008), en él se evaluaron actividades y comportamientos, así como sus percepciones sobre las normas de las instituciones educativas.

En total, el constructo para medir la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar está compuesto de 8 ítems con escala tipo Likert.

2.2. Selección de la muestra

Para la selección del tamaño de la muestra de alumnos se utilizó la fórmula aplicada en el trabajo presentado por Rodríguez-Burgos (2010), siendo la siguiente:

Donde:

n = tamaño de muestra
Z = valor de tablas del estimador
α = Nivel de confianza
p = Valor aproximado de la población que se desea estimar
q = 1 – p
β = Error máximo esperado en la estimación
DEFF = Efecto de diseño
TNR = Tasa de no respuesta

El nivel de confianza utilizado fue de un 98%, lo cual indica un 2% de margen de error. El valor de α = .02, donde Z α/2 = Z .01 =2.32. Los valores asignados a p y q son de 0.5, así como el valor del error máximo esperado (β) fue de .05.

Debido a que se realizó un Muestreo Aleatorio Simple (MAS), se indicó un valor de 1.75 como la definición del diseño (DEFF), valor asignado a través de la media resultante de otros estudios presentados en el trabajo de Rodríguez-Burgos (2010). Finalmente, las tasas de no respuesta (TNR) seleccionada fue de 15%, debido a la probabilidad de que algunos alumnos no estuvieran en los salones o en la Institución al momento de llevar a cabo la aplicación de las encuestas. Por tanto, el resultado arroja un número de 1.107 cuestionarios por aplicar.

De acuerdo con la información reportada por la Secretaría de Educación del Municipio de Tunja, se tienen registradas 27 instituciones no oficiales con un total de 4.590 alumnos registrados, mientras que son 10 las Instituciones oficiales con 4.160 alumnos.

Para la selección de las escuelas participantes se utilizó el sistema SPSS para un Muestreo Aleatorio simple con selección proporcional al tamaño quedando seleccionados cuatro instituciones oficiales (Normal Femenina Leonor Álvarez Pinzón, Antonio José Sandoval, Julius Sieber y Colegio de Boyacá), así como dos no oficiales (Cooservicios y Andino), siendo un total de 1,128 alumnos a quienes se les aplicaron los cuestionarios entre agosto y octubre de 2017.

2.3. Resultados descriptivos y pruebas de fiabilidad

En total se obtuvieron 1,074 cuestionarios válidos, distribuidos en 854 alumnos que pertenecen a Instituciones oficiales que representan un 79.5% de los encuestados, y 220 alumnos que pertenecen a Instituciones no oficiales, representando un 20.5% de los del total de alumnos.

Tabla 1
Distribución de alumnos por tipo de Institución Educativa y género

Respecto a la distribución por género, 747 estudiantes fueron mujeres, valor que representa un porcentaje de 69.8% del total, y 323 hombres, que representan un 30.2% de encuestados. Cuatro de los estudiantes a quienes se les aplicó el cuestionario no manifestaron su sexo. En relación con la distribución por edades, los alumnos encuestados se distribuyeron en dos ejes diferentes: entre 10 y 15 años, representando un 42.6% del total, y; 57.4% de alumnos que manifestaron cumplir o ser mayores a los 15 años.

Tabla 2
Distribución de alumnos por edades

La distribución por grado escolar de los alumnos refleja que se aplicaron 395 cuestionarios a alumnos de noveno, 351 a alumnos de décimo grado, y 328 cuestionarios a alumnos décimo primer grado. La distribución mayoritaria de alumnos encuestados se presentó en el noveno semestre con un 36.8%, seguido de un 32.7% de alumnos que cursaban el décimo semestre, y por último, un 30.5% que cursaba el decimoprimer grado.

Tabla 3
Distribución de los alumnos por grado de estudio

El análisis de fiabilidad del instrumento mostró un Alfa de Cronbach de .860, resultado que le da validez a la integración y finalidad del cuestionario. Por otro lado, para determinar la medida de adecuación muestral del constructo de efectividad de la política pública se aplicó la prueba de KMO, teniendo como resultado .876, resultado considerado relevante dado que la medida de adecuación muestra (MSA) se encuentra por encima de 0.6, y las comunalidades arriba de 0.5. Por otro lado, la varianza fue de 69.03%, lo cual significa que los resultados explican el 69% del factor de efectividad de la Política Pública.

Tabla 4
Análisis factorial y prueba de fiabilidad

Los resultados se analizaron inicialmente por la tendencia general de la población encuestada, posteriormente se analizaron las diferencias significativas que existen en cuanto al sexo de los alumnos, así como al carácter oficial o no oficial de la Institución Educativa a la que pertenece cada uno de ellos.

Cabe señalar que los planteles oficiales son aquellos que se encuentran auspiciados por el gobierno, mientras que los no oficiales son aquellos que se encuentran fomentados desde el sector privado.  Las preguntas están destinadas a conocer la percepción sobre la aplicación de la Política Pública de Convivencia Escolar, y los resultados se analizaron a partir de las medias encontradas en cada una de las preguntas que componen el constructo de la efectividad de la Política Pública.

3.1. Resultados generales de la Efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar

Se encontró que la media general del constructo referente a la percepción de los alumnos sobre la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar es de 2.61, con una desviación de .724 y una varianza de .524. De acuerdo a este resultado, los alumnos en general consideran que la implementación de la Política Pública ha sido en alguna medida positiva.

Tabla 5
Distribución de la media general de la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar

3.2. Percepción de la efectividad de la Política Pública por sexo.

En relación a las diferencias de la media general por sexo, se encontró que las mujeres tienen una percepción más positiva (M= 2.55; DE= .692) que la de los hombres (M= 2.75; DE= .779) sobre la efectividad de la Política Pública y su aplicación en su Institución Educativa. Esta diferencia resultó ser significativa con una X² = 68.167 y con un nivel de significancia p = .001.

Tabla 6
Distribución de la media general por sexo

En segunda instancia, se analizaron cada uno de los ítems que componen el constructo, lo cual arrojó lo siguiente: al preguntarle a los alumnos sobre si ha dado resultados la Política Pública de Convivencia Escolar, las mujeres manifestaron una tendencia más positiva (M=2.61; DE= .984) en relación a los resultados obtenidos por los hombres (M= 2.78; DE= 1.089), diferencia que resultó ser significativa (X² = 11.527; p = ,021). De igual manera, las mujeres (M= 2.54; DE= .898) manifiestan en mayor medida que el objetivo de la Ley de Convivencia Escolar se ha cumplido en comparación con el resultado obtenido por parte de los hombres (M= 2.75; DE= .990), diferencia que también resultó ser significativa (X² = 19.409; p = .002).

En relación a la disminución de la violencia después de haberse aplicado la Ley de Convivencia Escolar, se observa una tendencia negativa en comparación a la media manifestada en los otros ítems, así como en relación a la media general del constructo (M=2.61). Pese a ello, las mujeres siguen manifestando una tendencia positiva (M= 2.72; DE= .996), al igual que los hombres (M= 2.80; DE= 1.090), sin embargo esta diferencia no resultó ser significativa.

La tendencia anterior demuestra que, en comparación a las preguntas anteriores, los índices son muy cercanos a la respuesta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo”, manifestando que los alumnos tienen dudas en relación con que la Política Pública ha ayudado a la disminución de violencia en las Instituciones Educativas.

Respecto a la percepción sobre la implementación de la Política Pública en cada una de las instituciones, las mujeres (M= 2.59; DE= .957) demuestran una tendencia más positiva que los hombres (M= 7.76; DE= 1.020), diferencia que resulta ser significativa (X² = 11.522; p = .042). Esta misma tendencia se manifiesta en la percepción sobre si es adecuada la implementación de la Ley del Manual de Convivencia en las Instituciones, pues las mujeres conservan una tendencia más positiva (M= 2.55; DE= 1.058) que la de los hombres (M= 2.78; DE= 1.105). Esta diferencia, al igual que las anteriores, resultó ser significativa (X² = 10.411; p = .034).

Tabla 7
Percepción sobre la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar

En relación con la existencia de actividades de fortalecimiento de la convivencia escolar, la diferencia no resultó ser significativa, sin embargo, resulta relevante que tanto mujeres (M= 2.31; DE= 1.101) como hombres (M= 2.62; DE= 1.194), mantengan en una tendencia de respuesta positiva.

De acuerdo con los resultados obtenidos, las mujeres tienen una percepción más positiva sobre la efectividad y el cumplimiento del objetivo de la Política Pública de Convivencia Escolar que la de los hombres, diferencia que resulta ser significativa.

Sin embargo, los resultados reflejan que en menor medida, tanto hombres como mujeres, consideran que la Política Pública haya disminuido la violencia en sus escuelas. Lo anterior indica que a pesar de que los alumnos sí consideran que la Política Pública de Convivencia Escolar ha tenido efectos positivos, aún no se logra concretar de manera significativa el objeto de la misma, aún y cuando, desde la perspectiva de los alumnos, si hayan existido cambios, es decir, tanto hombres como mujeres consideran que su Institución en alguna medida ha llevado a cabo actividades, proyectos y acciones en relación a la prevención de la violencia, siendo que las mujeres consideran en mayor medida que esto suceda.

Llama la atención que la media más baja sea la de socialización de las rutas de atención tanto en hombres como en mujeres, lo que puede indicar que a pesar de que consideran que la Institución sí tiene interés en implementar y adecuar los objetivos de la Política Pública, así como de realizar proyectos y actividades para su fortalecimiento, en menor medida se ha encargado de socializar rutas donde los alumnos puedan informarse o participar.

3.3. Percepción de la efectividad de la Política Pública por tipo de Institución Educativa.

Al momento de comparar la percepción entre escuelas Públicas y Privadas, se encontraron resultados que demuestran diferencias significativas. Con relación a la media general del constructo referente a la efectividad de la Política Pública, la tendencia en ambos casos es positiva, siendo más positiva la tendencia de respuestas de Escuelas Oficiales (M= 2.57; DE= .711), que las de las No Oficiales (M= 2.78; DE= .750). Esta diferencia resultó ser significativa (X² = 61.640; p = .007).

Tabla 8
Distribución de la media general por tipo de Institución Educativa

Al momento de analizar los ítems que componen el constructo, los resultados demuestran que tanto las Escuelas Oficiales (M= 2.67; DE= 1.005) y No Oficiales (M= 2.62; DE= 1.063) están algo de acuerdo con que la Política Pública de Convivencia Escolar ha dado resultados, sin demostrar una diferencia significativa en el resultado. Por otro lado, respecto a la percepción sobre el cumplimiento del objetivo de la Ley de Convivencia, no se manifiesta una diferencia significativa, sin embargo, resalta el hecho de que ambas medias de respuesta, tanto las de Escuelas Oficiales (M= 2.57; DE= .919) como No Oficiales (M= 2.71; DE= .966), conservan una tendencia de respuesta positiva sobre el cumplimiento de este objetivo.

A diferencia de las respuestas anteriores, respecto a la opinión sobre la disminución de violencia tras la aplicación de la Política Pública de Convivencia Escolar, las Escuelas Oficiales manifiestan una tendencia más positiva (M= 2.71; DE= 1.010) que las Escuelas No Oficiales (M= 2.86; DE= 1.073). Esta diferencia de medias resulta ser significativa (X² = 11.107; p = .025).

En relación al bloque de implementación de la Política Pública en las Instituciones Educativas, las de carácter Oficial conservan una tendencia más positiva (M= 2.53; DE= 1.038) que las No Oficiales (M= 2.96; DE= 1.152). La diferencia entre resultados demostró ser significativa (X² = 21.337; p = .001), de lo cual, llama la atención que los alumnos de Escuelas No Oficiales se encuentran muy cerca de no estar de acuerdo ni en desacuerdo a que la Política se haya implementado en sus Instituciones Educativas.

Tabla 9
Percepción sobre la efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar

La tendencia más baja en relación a la comparación entre tipo de Instituciones Educativas se presentó en el ítem referente a si es adecuada o no la implementación de la Ley del Manual de Convivencia, ya que las Escuelas No Oficiales manifestaron no estar de acuerdo ni en desacuerdo con ello (M= 3.23; DE= 1.155) en que esto suceda en las Instituciones, mientras que las Escuelas Oficiales manifestaron una tendencia positiva (M= 2.70; DE= 1.023), Diferencia que resultó ser altamente significativa (X² = 34.693; p = .000). Una tendencia similar ocurrió cuando se les preguntó a los alumnos sobre la socialización de las rutas de atención del Manual de Convivencia, pues las Escuelas Oficiales (M= 2.58; DE= 1.155) conservan una tendencia más positiva (M= 2.58; DE= .949), que las Escuelas No Oficiales (M= 2.89; DE= 1.050), diferencia que resultó ser también altamente significativa (X² = 53.854; p = .000).

De igual forma, las Escuelas Oficiales consideran en mayor medida que existen proyectos pedagógicos contra la violencia escolar en sus Instituciones (M= 2.41; DE= 1.137) en relación a las Escuelas No Oficiales (M= 2.70, DE= 1.165), diferencia igualmente significativa (X² = 12.998; p = .043). Por último, tanto Escuelas Oficiales (M= 2.38, DE= 1.115) como No Oficiales (M= 2.50, DE= 1.217), manifestaron estar algo de acuerdo en la existencia de actividades de fortalecimiento de la convivencia escolar en sus Instituciones. A pesar de que esta diferencia no resultó ser significativa, llama la atención que la tendencia en los dos casos es positiva.

En relación al análisis general de la comparación entre Escuelas Oficiales y No Oficiales, los resultados evidencian los esfuerzos que han realizado las Instituciones Educativas, pues en los casos de la implementación adecuada, así como los proyectos y las actividades de fortalecimiento de convivencia que realizan las Instituciones, se mantienen una tendencia positiva que indica que en alguna medida se han realizado esfuerzos para llevar a cabo estas acciones.

Por otro lado, los resultados reflejan que en general no existe diferencia de opinión entre públicas y privadas en relación a la efectividad y el cumplimiento de objetivos, sin embargo, de manera significativa, los alumnos de las Escuelas Oficiales consideran que éstas en mayor medida han disminuido la violencia en relación a las Escuelas de carácter no Oficial.

De igual forma, llama la atención que las Escuelas Oficiales tengan una mejor percepción sobre la implementación y la adecuación de manuales, así como de la socialización y la aplicación de actividades y proyectos para la prevención de la violencia escolar. Sin embargo, destaca la tendencia negativa de las respuestas que manifiestan diferencias significativas respecto a que la Ley sea adecuada, y si la Institución ha socializado las rutas de atención que establece el Manual de Convivencia, sobre todo en los alumnos pertenecientes a Escuelas No Oficiales.

En síntesis, las mujeres tienen una percepción más positiva sobre la efectividad y la implementación de la Política Pública de Convivencia Escolar, y, por otro lado, los alumnos de Escuelas Oficiales perciben mayor efectividad e interés en la aplicación de la Política Pública de Convivencia Escolar que los alumnos de Escuelas No Oficiales.

La dificultad de medir la Efectividad de la Política Pública de Convivencia Escolar implementada en Colombia en el 2013, radica en que no hay estadísticas, ni textos que permitan contrastar los avances y áreas de oportunidad del nivel de implementación y reducción de la violencia escolar en los Centros educativos.

La relevancia de este estudio es que permite tener una visión desde la percepción de los mismos alumnos de secundaria, quienes fueron elegidos debido a que han vivido el proceso de la implementación de la política, y que permite observar desde adentro de las instituciones su percepción de la implementación de la política y si han observado mejoría en términos de la convivencia escolar.

Este estudio permitirá centrar futuras investigaciones en el seguimiento de la implementación de la Política Pública de Convivencia Escolar, además se pretende obtener información que permita la tipificación del tipo de violencia dentro de cada institución educativa, y finalmente contrastar lo anterior con instrumentos similares que contengan las respuestas de profesores y directivos lo que permitirá obtener una visión global de la situación real dentro de las escuelas.

De acuerdo a lo observado en estadísticas internacionales, se detectó la problemática de las bajas denuncias en caso de acoso y violencia escolar, lo que hace muy difícil llegar a medidas preventivas, sino que las acciones realizadas se hacen una vez que ya se han llegado a problemáticas muy fuertes como el maltrato o casos de suicidio de los mismos alumnos.         

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1. Profesora e Investigadora de tiempo completo. Especialista en aplicación y análisis de métodos cualitativos y cuantitativos. Cuenta con perfil PRODEP de la Secretaría de Educación y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT. Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma de Nuevo León. PhD en Filosofía con Acentuación en Ciencias Políticas. karoburgos@yahoo.com.mx . ORCID: 0000-0003-2093-8146

2. Docente de pregrado y posgrado. Abogada, Administradora Pública, Mg. en Derecho Público. Especialista en estudios de Violencia Escolar. Integrante del Grupo de Investigación Socio- Jurídica de la Universidad de Boyacá. PhD. (c) en Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas de la Universidad autónoma de Nuevo León. Ingeniero en (Programa del dpto. de Organización de Empresas). sofigon26@hotmail.com . ORCID: 0000-0001-9647-9017

3. Docente de licenciatura y Posgrado. Licenciado en Ciencias Políticas, Master en Ciencias Sociales. Especialista en Análisis de datos cuantitativos. Universidad Autónoma de Nuevo León. PhD. En Filosofía con Orientación en Ciencias Políticas. alan_matinez@live.com.mx  ORCID ID: 0000-0003-2066-7040